The legislators agreed at the end of April to fast-track the debate on the reform of the said law, at the request of the presidents of Parliament, Rodrigo Arias, of the Supreme Court of Justice, Orlando Aguirre, and of the Criminal Chamber, Patricia Solano, as well as the attorney general, Carlo Díaz.
The objective of giving fast track to the parliamentary discussion of the bill lies in extending the deadlines for conducting investigations, debates, decreeing preventive detention and appeals, when it comes to this type of crime, in addition to extending the time for deliberation and the issuing of sentences.
For Aguirre, the legal reform project is possibly the most important initiative being currently discussed by the Legislative Assembly, and if approved, it would be a key tool in the struggle against organized crime and insecurity.
The president of the Criminal Chamber explained that the enactment of the bill will allow the organized jurisdiction against crime to come into operation since prison terms could be extended for this type of investigation, which is very complex.
The attorney general warned about the danger that a dozen criminal gang leaders will be released next June, due to the end of pretrial detention, with the consequent increase in violence in the country. Hence, the reform is key because it will provide tools at the procedural level such as the extension of pretrial detention terms, the suspension of trials, their continuity, and for the issuing of sentences, according to Díaz.
The reform is one of the five legal proposals that seek to combat the crime wave facing Costa Rica, which has experienced a record number of more than 230 homicides so far in 2023.
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Diputados costarricenses discutirán proyecto de ley contra crimen organizado
San José, 15 may (Prensa Latina) Diputados de la Asamblea Legislativa someterán a discusión una reforma a la Ley de Delincuencia Organizada para combatir la ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica, que experimentó una cifra récord de homicidios en 2023.
Los legisladores acordaron a finales de abril pasado dar vía rápida al debate de la iniciativa de modificación de la referida norma a solicitud de los presidentes del Parlamento, Rodrigo Arias, de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y de la Sala Penal, Patricia Solano, así como el fiscal general, Carlo Díaz.
El objetivo de darle vía rápida a la discusión parlamentaria de la reforma legal radica en ampliar los plazos para realizar investigaciones, debates, decretar prisión preventiva y apelaciones, cuando se trate de este tipo de delincuencia, además de extender el tiempo de deliberación y dictado de la sentencia.
Para Aguirre, el proyecto de reforma legal posiblemente es la iniciativa más importante en conocimiento de la Asamblea Legislativa en la actualidad, y de aprobarse sería una herramienta clave en la lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad.
La presidenta de la Sala Penal explicó que la sanción del proyecto de ley permitirá que entre en funcionamiento la jurisdicción organizada contra el crimen, pues los plazos de prisión se podrían prolongar para este tipo de investigaciones, la cuales son muy complejas.
El fiscal general alertó sobre el peligro de que una decena de cabecillas de bandas delictivas queden en libertad en junio próximo por el vencimiento del tiempo de prisión preventiva, con el consecuente incremento de la violencia en el país. De ahí que la reforma es clave porque dará herramientas a nivel procesal como la ampliación de plazos de prisión preventiva, de la suspensión de los juicios, la continuidad de los mismos y para el dictado de las sentencias, según Díaz.
La reforma es una de las cinco propuestas legales que buscan combatir la ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica, con la cifra récord de más de 230 homicidios en lo corrido de 2023.
